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CASAFE y el marco legislativo-jurídico:

El hecho de que las empresas de CASAFE basen su accionar en la investigación y el desarrollo, hace necesario un marco legislativo y reglamentario de respeto a la propiedad intelectual.
Esto implica el requisito de proteger de toda competencia comercial desleal a la información que se presenta con fines de registro.

En otras palabras, que un trabajo presentado para registrar un producto fitosanitario, no pueda ser utilizado para el registro de otro, presuntamente “similar”, sin el consentimiento del propietario del trabajo. Como lo expresamos más arriba, el aliento a la inversión en capital intelectual y tecnología, hace imprescindible un entorno de seguridad jurídica, que aliente y proteja a quienes han destinado importantes recursos en desarrollar los conocimientos científicos, y haga posible que los productores agropecuarios dispongan de las más recientes herramientas tecnológicas, y poder así competir con éxito en un mercado mundial cada vez más exigente.

La Argentina ha firmado importantes tratados internacionales que garantizan el respeto a la propiedad intelectual y los ha incorporado a su legislación.
De especial mención es el Tratado TRIP’s – ADPIC (Tratado sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual en relación con el comercio, constituido en la Ley 24.425). Otro caso es la Ley 24.766, de Confidencialidad de la Información, sancionada en 1996, que con deficiencias, permitió un avance en el tema en su momento.

La propia Constitución Nacional sancionada en 1994, en su artículo 17 tiene importantes definiciones en la materia. Sin embargo, y como lo dijimos, es mucho el camino que falta aún recorrer.

La ausencia de adecuados decretos reglamentarios de las leyes mencionadas hacen prácticamente nula la efectiva vigencia de los derechos de propiedad intelectual de los estudios presentados para fines de registro.
Sigue siendo largamente postergada la sanción de una ley federal de productos fitosanitarios, que establezca con la debida jerarquía normativa la necesidad de un adecuado registro, uso y control en el mercado de estos productos.

Varios proyectos se siguen discutiendo en el Congreso de la Nación desde hace muchos años, sin que se haya producido aún la aprobación definitiva de ninguno de ellos.