Desde 2020, las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) son obligatorias para las frutas en fresco y desde enero de 2021 también lo serán para la horticultura. En el año que termina, desde la Red de BPA se ha trabajado para avanzar en aspectos de su aplicación que involucran al sector frutihortícola que -incluyendo también legumbres- es el mayor dador de mano de obra, entre las cadenas agroindustriales (442.000 empleos, 11% del total), según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA).
Para conocer detalles del trabajo que al respecto se realiza desde la Comisión de Cultivos intensivos de la Red de BPA, entrevistamos a su coordinadora, la Ing. Agr. y Lic. en Gestión de Agroalimentos Cristina Slepetis, profesional de la Dirección General de Sistemas de Información, Comunicación y Procesos del INTA, y a la Ing. Agr. Liliana Troilo, coordinadora interina de la Plataforma de Herramientas de Gestión de la Calidad del INTA Mendoza.
Slepetis recuerda que “la Comisión de Cultivos Intensivos se conformó desde los comienzos de la Red de BPA, en 2014. Desde entonces se realizan actividades entre las entidades público-privadas miembros, con un mayor impulso a partir de la Resolución Conjunta 5/2018”, de las Secretarías de Gobierno de Agroindustria y Salud. Ella estableció la incorporación al Código Alimentario Argentino (CAA) de las BPA en la producción frutihortícola, a partir de la cual cada vez más productores toman conciencia de la importancia de implementarlas, para garantizar la inocuidad de sus productos, aunque su nivel de aplicación es diferente entre los productores que exportan y los que solo envían al mercado interno, a quienes hasta ahora no se les exige adoptar BPA.
El INTA es miembro fundador de la Red de BPA. En los últimos años se fortaleció su participación en sus distintas comisiones, mesas y nodos. Actualmente, además de participar de las Comisión de Cultivos Intensivos, lo hace en la de Extensivos, Ganadería, Fitosanitarios, Lechería, Poscosecha, Capacitaciones, en el Grupo Metodológico y tiene representantes en los nodos y mesas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
“Gracias al uso de las TICs en la Red, la participación de las distintas unidades del INTA a lo largo del territorio se ha fortalecido. Están trabajando técnicos de las estaciones de Colonia Benítez (Chaco), General Villegas (Buenos Aires) y el Instituto de Tecnología de los Alimentos, Hurlingham (Buenos Aires). Particularmente, en la Comisión de Cultivos Intensivos de la Red de BPA -cuya coordinación asumimos recientemente- participan profesionales de San Pedro (Buenos Aires), Arroyo Seco (Santa Fe), Catamarca y Mendoza. Y en la Comisión de Poscosecha, de Mendoza y Balcarce. Tenemos representantes en todos los nodos y mesas, y también coordinamos la Comisión de Fitosanitarios», detalla Slepetis.
Destaca que “participar en la Red BPA nos permite articular con otras entidades, como sucede con en el INTA. Contamos con la Plataforma de herramientas de gestión de la calidad que nuclea las actividades de BPA dentro de la cartera de proyectos. Participamos en actividades de normalización voluntaria, capacitamos profesionales, técnicos y productores. Y en el territorio, sobre la base de normas obligatorias y voluntarias y sobre aspectos técnicos, asistimos en la implementación de las BPA y somos parte de la Comisión Tripartita para frutas y hortalizas, junto con el MAGyP y el SENASA”.
Cuidados
La producción bajo normas BPA asegura a los consumidores de productos agrícolas alimenticios, principalmente frescos, que sean sanos y aptos, protegiendo además el ambiente y la salud de los trabajadores. Permite ganar nuevos segmentos en los mercados, mantener y hacer crecer las exportaciones, asegurar la presencia de tales productos en los mercados más exigentes y consolidar la imagen positiva del país y la región respecto a la salud humana y el ambiente. Los cuidados que deben tenerse en cuenta en la aplicación de las BPA en la producción frutihortícola están asociados a esos objetivos.
“Es importante conocer la calidad del agua que utilizamos para lavar los productos y -para su consumo- las posibles fuentes de contaminación cruzada y la presencia de animales en el predio. Utilizar abonos orgánicos compostados y contar con una correcta higiene, durante la manipulación, nos permitirá reducir los peligros microbiológicos y los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)”, explica Slepetis. A ellos se suman, para mantener la inocuidad, los peligros químicos asociados, por ejemplo, a respetar los límites máximos de residuos (LMR), los tiempos de carencia, antes de distribuir esos productos al mercado, y utilizar fitosanitarios registrados en el Senasa para tratar el cultivo.
“En cuanto a la seguridad laboral es clave utilizar los elementos de protección personal (EPP), respetar los periodos de reingreso al predio después de una aplicación de fitosanitarios y las capacitaciones en el uso de equipos peligrosos. Y respecto del ambiente, podemos realizar acciones para evitar la contaminación de aguas de cauces de riego, efectuar el triple lavado -o lavado a presión- de los envases de fitosanitarios, hacer su correcta disposición final y utilizar camas biológicas, entre otras acciones”.
Teoría y Realidad
Respecto de la efectiva aplicación de esas medidas, la Ing. Agr. Liliana Troilo señala que “si bien las BPA son obligatorias para frutas (desde enero de 2020) y hortalizas (desde enero de 2021) en fresco, actualmente la agroindustria alimentaria (conserveras, bodegas, jugueras, aceiteras y deshidratadoras, entre otras), que trabaja bajo normas HACCP, FSSC 22000, y BRC u otras, exigen a sus proveedores de materia prima tener implementadas las BPA en sus campos, lo que incrementa la superficie con BPA”.
Las únicas estadísticas existentes sobre su implementación en Argentina son las proporcionadas por el Grupo Técnico de Trabajo Nacional de Global GAP (NTWG, por su sigla en inglés) y el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).
“Según estas fuentes, en 2019 se certificaron 862 productores de 85.054 ha de frutas y 76.241 ha de hortalizas. En el rubro frutícola, adquieren relevancia los cítricos y los frutales de pepita y dentro de ellos, respectivamente, los limones (42,20%) y las peras (10,5%). En hortalizas, la papa (10,7%) y el ajo (1,45%) tienen los mayores porcentajes de hectáreas certificadas. En el primero de los casos es la industria quien tracciona las certificaciones, mientras que el segundo son las exportaciones. El trabajo en el marco de la Autoevaluación para Cultivos Intensivos de la Red BPA permitirá tener información complementaria a estos datos”, explica Troilo.
Las BPA son un tema de agenda pública a nivel nacional y provincial. Se cuenta con un Programa Oficial para Formadores y Asesores en BPA para frutas y hortalizas, se ha promulgado una ley provincial e implementado un Programa de BPA en Córdoba, y existen iniciativas al respecto en otras provincias.
Para Troilo, “las BPA deberían posicionarse como la línea de base para cualquier sistema de producción de alimentos, con un enfoque paso a paso para su implementación. Como cualquier programa de aseguramiento de la inocuidad, la responsabilidad de difundirlas, capacitar, apoyar y financiar su implementación debe ser compartida por todos los actores de las cadenas agroalimentarias: autoridades gubernamentales, el sector privado, el académico y los medios de comunicación”.
Y destaca entre los desafíos la disposición final de plásticos, ya sea de envases de fitosanitarios, como de “mulching” y mangueras de riego, entre otros. “Si bien hay instituciones trabajando, es necesario reforzar esta tarea junto con municipios y otros actores del sector agropecuario, para reducir la contaminación ambiental”, señala.
Costo, inversión, exigencias
Sobre la implementación de las BPA, Troilo sostiene que “en principio no implica mayores costos de producción. Al contrario, hacer una mejor gestión y control sobre las labores mejora los tiempos de ejecución y eficiencia. Las BPA permiten tomar mejores decisiones. No obstante, dependerá de la situación y características de cada establecimiento”, aclara.
Puede ser que se necesiten inversiones para mejorar infraestructura (construir un depósito de fitosanitarios con elementos de seguridad personal y sanitarios) o asumir nuevos gastos (hacer un análisis microbiológico y físico-químico del agua para consumo y lavado del producto). “Si el cliente exige que implementemos y certifiquemos una norma voluntaria de BPA tendremos el costo asociado a este requerimiento”, explica.
Y si de requerimientos se trata, Slepetis agrega que “los consumidores tienen cada vez mayor conciencia y preocupación sobre el origen de los alimentos y el cuidado del ambiente. Esto los lleva demandar más garantías de inocuidad y calidad para los alimentos que consumen, lo que sobre todo será más importante luego del Covid-19”.
Las exigencias se han profundizado en cuanto a trazabilidad del producto, autocontrol del productor, registro de labores culturales, control del almacenamiento y uso de fertilizantes y fitosanitarios, métodos de riego utilizados que aseguren un uso eficiente del agua, gestión de residuos y basura, consumo energético óptimo y análisis de riesgos.
“Las BPA son una valiosa herramienta que permite satisfacer mejor estas demandas. No sólo toman en cuenta la calidad del producto, sino además las condiciones bajo las cuales se produjo, así como su embalaje, almacenamiento y transporte. Como define la FAO, las BPA es hacer bien las cosas y dar garantía de ello”, concluye.