Las BPA, por normativa son obligatorias y por responsabilidad deben cumplirse para asegurar la inocuidad y seguridad de las hortalizas que llegan a la mesa del consumidor.
La horticultura es la actividad productiva que ofrece al consumidor aquellos alimentos frescos o procesados necesarios para una dieta balanceada y nutritiva. Es una actividad de amplia distribución geográfica, estratégica desde el punto de vista geopolítico formando parte de las Economías Regionales y de gran diversidad de especies que involucra a productores de diferentes escalas.
Estas características además se combinan con una amplia variedad de sistemas de cultivo, que aportan un elevado valor económico por unidad de producción y de alta productividad por unidad de superficie cultivada, lo que implica un uso intensivo de los factores de producción: Tierra, Capital, Trabajo y Tecnología.
Estas propiedades revelan la gran importancia social y económica que tiene esta producción, por la elevada cantidad de puestos de trabajo en toda la cadena, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización e industrialización, con gran capacidad de satisfacer la demanda de los principales centros urbanos, y generar una importante contribución al PBI.
En tiempos en los que la sociedad nos demanda más y mejores alimentos, tanto frescos como industrializados, la producción hortícola ocupa un lugar y oportunidad trascendente, donde es imprescindible que las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) resulten compatibles y potenciadoras del desarrollo humano, así como de un medio ambiente sustentable, de modo que la responsabilidad de los actores de la cadena hortícola deberá estar asociado a cada una de las acciones impulsadas.
Las BPA son un conjunto de acciones aplicables a la producción, almacenamiento y transporte de alimentos de origen agropecuario con el objetivo de que los mismos sean inocuos y saludables, o sea, que no causen un daño al ambiente ni a la salud de los trabajadores y consumidores.
Estas reglamentaciones hacen sinergia con lo establecido en el Código Alimentario Argentino (CAA) en lo referente al cumplimiento obligatorio de las BPA en el sector Frutihortícola, que implican siete puntos obligatorios de cumplimiento, los cuales son: documentación obligatoria, productos fitosanitarios, agua, manipulación, animales, uso de fertilizantes y enmiendas y asistencia técnica.
Estos sistemas productivos emplean una gran cantidad de insumos como enmiendas orgánicas, agua, fertilizantes, productos fitosanitarios, entre otros, donde estos últimos son una herramienta tecnológica de gran importancia para el manejo sanitario de los cultivos, debiendo ser utilizados de manera responsable.
Es necesario y fundamental que las BPA obligatorias sean implementadas en la producción hortícola, la que además debe ser una política pública en todos los eslabones del Estado, es decir que involucre y participe a todos los actores comprometidos con la producción, que resalte las coincidencias por encima de las diferencias, que cohesione en lugar de dividir y que participe en lugar de obligar.
En este contexto de variabilidad de ambientes, climas, escalas, especies, tecnología, la implementación de las BPA en la producción de hortalizas se presenta con diferentes complejidades y una problemática particular del sector al que se debe aportar los conocimientos para la mejora de los distintos eslabones de la cadena de producción.
Al implementar BPA, el productor podrá llevar a cabo una mejor gestión de insumos, lo que redundará en menores costos, además de asegurar la inocuidad de los alimentos, la preservación y el manejo racional de los recursos suelo, agua y energía, con el objetivo de que los productos que lleguen a la mesa del consumidor conserven las propiedades nutritivas y de calidad, al mismo tiempo que sean producidos preservando el medio ambiente y la salud de los trabajadores.
Es estratégico el desarrollo de planes para concretar acciones que hasta hace poco tiempo eran una mera expresión de voluntad, que requerirá un esfuerzo adicional de todos los actores para alcanzar la obligatoriedad por conciencia y compromiso, para garantizar el proceso de implementación, ya que la inocuidad alimentaria no debe discriminar escalas de producción ni dobles estándares de consumidores.